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POR HELEN REDMOND

LOS CADÁVERES siguen acumulándose en la guerra contra las drogas en México. Según fuentes oficiales, más de 35.000 personas han sido asesinadas en la violencia relacionada al narcotráfico durante los últimos cuatro años.

Michele Leonhart, administradora de la Drug Enforcement Administration (DEA), afirma. “Aunque parezca contradictorio, pero el lamentable nivel de violencia es una señal del éxito de la lucha contra las drogas”, dijo. “Son como animales enjaulados, atacándose los unos a los otros.”

Desde una perspectiva humana, sin embargo, la guerra está perdida. A pesar del despliegue de 45.000 efectivos del ejército y 20.000 policías federales a través del país, la marihuana, la metanfetamina, la cocaína y la heroína están ampliamente disponibles en México y EE.UU. La pureza de la droga se han incrementado, y los precios han bajado.

Miles de millones gastados en patrullas fronterizas, puestos de control armados y perros entrenados para detectar drogas en los 42 cruces fronterizos entre México-Estados Unidos no han detenido el flujo de drogas, armas o dinero. La corrupción sistemática de la policía, militares y funcionarios de inmigración en ambos lados de la frontera garantizan que los envíos de drogas llegar a su destino.

Y la violencia continúa sin interrupción. Ciudades enteras se han convertido en zonas de guerra urbana, donde bandas rivales tienen escaramuzas para controlar los mercados de drogas y las rutas de tránsito.

La guerra contra las drogas en México fue importada de EE.UU. por cortesía de Bush. La Iniciativa Mérida, un acuerdo firmado por los presidentes Bush y Calderón en el 2007, otorgó un paquete de $1.4 mil millones para el gobierno mexicano para comprar armas semiautomáticas, helicópteros militares Bell 412 y sistemas de vigilancia para intensificar la guerra contra las drogas.

La administración Obama continuó financiando la guerra contra las drogas, dando $1,2 mil millones más. Sin embargo, los arsenales de los narcotraficantes mexicanos están bien equipados con armas de nivel militar, incluyendo cohetes antitanques, granadas de fragmentación y lanzagranadas. Los narcos pueden comprar los cachés de rifles de asalto AK-47 de distribuidores ubicados en los estados fronterizos de Texas y Arizona.

El poder letal de las armas utilizadas en la guerra contra las drogas es responsable por el creciente número de bajas. Alberto Islas, un consultor de seguridad del gobierno mexicano, explicó: “Hay una carrera armamentista entre los cárteles. Un grupo obtiene granadas propulsadas por cohetes, y el otro tiene que tenerlas”.

Las súper-ganancias en juego alientan estas represalias extremas. El negocio ilícito de las drogas genera $40 mil millones al año para los cárteles de la droga.

La violencia militarizada es similar a la violencia de las guerras de contrainsurgencia dirigidas por EE.UU. en países como Afganistán e Irak. Asesinatos selectivos, emboscadas, tiroteos, atentados con coches bomba y bloqueos de autopista son todos la nueva normalidad en la guerra de México contra las drogas. Los cuerpos mutilados, acribillados a balazos o decapitados son dejados en espacios públicos para mostrar el poder de los carteles de matar sin conciencia o consecuencia.

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CIUDAD JUÁREZ es la zona cero de las atrocidades de la guerra contra las drogas –y un sexismo letal conocido como feminicidio. Combates salvajes entre los cárteles de Sinaloa y del Golfo por los mercados nacionales y las rutas de contrabando a EE.UU. han puesto la ciudad bajo sitio.
Calderón envió una “oleada” de tropas militares y policías federales a Ciudad Juárez, pero sólo consiguió la escalada de la violencia. Los combates han matado a 7.000 personas, con un promedio de 12 asesinatos por día. Desde 1993, más de 800 mujeres y niñas han sido violadas, torturadas y asesinadas. Los narcotraficantes son sospechosos de algunos de los asesinatos.

Organizaciones por los derechos de las mujeres creen que los cuerpos son ritualmente mutilados y arrojados alrededor de Ciudad Juárez para “marcar sus territorios”por los cárteles de narcotraficantes. Cruces rosadas que conmemoran a las víctimas salpican el paisaje. Hasta 200.000 personas han huido de la ciudad, y los que quedan viven en temor por sus vidas.

Los carteles están diversificando sus operaciones como resultado de la pérdida de mercados, clientes y rutas de contrabando. Ahora incluyen la extorsión, el secuestro extorsivo y el tráfico de personas.

En el estado de Tamaulipas, 72 migrantes fueron asesinados a tiros presuntamente por negarse a dar dinero o trabajar para Los Zetas, una banda de poderosos narcotraficantes integrados por ex soldados de las fuerzas especiales del ejército mexicano. El único sobreviviente fue un adolescente ecuatoriano que fue herido, pero logró escapar.

En respuesta a la matanza, un portavoz dijo que el gobierno “continuará su asalto frontal contra estas organizaciones para que los terribles acontecimientos como el ocurrido esta semana no se repetirá”. Pero es probable que una masacre como la de Tamaulipas vuelva a ocurrir, porque los cárteles matan con impunidad y la mayoría de los asesinatos no son investigados, ni procesados.

Los cárteles de narcotraficantes han infiltrado y corrompido a funcionarios de las fuerzas de seguridad pública y del sistema de justicia penal. La infiltración es más extrema en el ámbito estatal. La complicidad entre la policía, los fiscales y los narcotraficantes es un fenómeno generalizado, y la idea de lograr justicia es una broma cuando $3 mil millones en sobornos se pagan anualmente para mantener el statu quo.

La prensa mexicana se encuentra bajo constante y violento asalto y ha sido efectivamente callada en las ciudades donde los cárteles controlan gran parte del gobierno. Según un informe del Comité para Proteger a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), titulado “El silencio o la muerte de la prensa mexicana,” 30 periodistas y trabajadores de los medios han sido asesinados o desaparecidos desde el año 2006.

Joel Simon, director ejecutivo del CPJ, escribió, “Plomo o plata. Plomo o plata. Es una frase muy usada en México, una que es demasiado familiar para los periodistas del país. Esto significa, simplemente, somos dueños de ti. Responde a la plata y publica lo que te decimos. O te damos plomo. ”

En Reynosa, el control del Cártel del Golfo se extiende a funcionarios del gobierno local y la policía, a vendedores de tacos, conductores de taxis “piratas” en las calles, y a los periodistas. El cártel dicta qué artículos se publican y refuerza su línea editorial con una mezcla de chayo (sobornos), amenazas y asesinato. La libertad de prensa es otra víctima de la guerra contra las drogas.

Eliseo Barrón Hernández, un veterano reportero en Durango, fue asesinado después de haber escrito una historia sobre la corrupción policial. Una pancarta colgada por la banda de Sinaloa en una calle principal advirtió: “Estamos aquí, periodistas. Pregunten a Eliseo Barrón. El Chapo y el cártel no perdonan. Tengan cuidado, soldados y periodistas.”

Joaquín “El Chapo” Guzmán es el capo del cártel de Sinaloa. La revista Forbes estima la fortuna de Guzmán en más de $1 mil millones y lo considera uno de “las personas más poderosas del mundo”.

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